Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).– Un día después de que el Congreso de mayoría priista en Quintara Roo aprobó la Ley de Cultura Cívica, que limita las protestas sociales en la entidad, un Diputado del Partido Acción Nacional (PAN) de San Luis Potosí, anunció que este jueves presentará ante el pleno estatal la iniciativa “Ley de Manifestaciones Públicas, Libertad de Tránsito y Derechos de Terceros del Estado de San Luis Potosí”.

De acuerdo con Alejandro Lozano González, mejor conocido como “Boris” y quien es Diputado local por el Distrito VII con cabecera en la capital del estado, su iniciativa tiene la finalidad de garantizar el derecho ciudadano para manifestarse públicamente, pero sin que ello vulnere el derecho de libre tránsito de los ciudadanos ni los derechos de terceros de las demás personas.

Dijo que esto incluye no ejercer violencia, no cometer daños en las cosas, no discriminar con pretexto de la libre expresión por razones de ninguna índole, no cometer ultraje a las instituciones públicas, no manifestarse con el rostro cubierto a fin de prevenir la comisión de actos vandálicos o delictivos, e incluso no pronunciar un “lenguaje insultante” contra las autoridades.

También propone penas que van desde las multas económicas hasta prisión de 72 horas, de acuerdo con las faltas que, a juicio de su iniciativa, cometan los manifestantes.

La ley aprobada en Quintana Roo, entidad que gobierna el priista Roberto Borge Angulo, tiene muchos de los puntos retomados ahora por el legislador del PAN en SLP. En ésta, la autoridad estatal podrá intervenir si en una protesta “se altera el funcionamiento de las instituciones que prestan algún servicio, la paz, la tranquilidad, de la o las comunidades, o se impide el normal desarrollo de las actividades de los demás habitantes o sus derechos humanos”.

Otro motivo para intervenir en las manifestaciones en Quintana Roo es si se “profieren injurias, o sea hace uso de violencia o de amenazas para intimidar u obligar a que alguna autoridad resuelva en el sentido que se deseen los manifestantes”.

La ley del gobierno de Borge Angulo fue criticada severamente por políticos opositores al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por activistas en defensa de la libertades civiles y los derechos humanos, pues coinciden que la Ley de Cultura Cívica es una nueva forma de criminalizar la protesta social y de violar la libertad de manifestación y asociación.

Aunque en un principio el Gobernador quintanarroense anunció que la Ley de Ordenamiento Social sería sometida a un “cuidadoso análisis”, esta mañana precisó que “Revisión no es Dar marcha Atrás”. En este sentido organizaciones de la sociedad civil en el estado alertaron que el mandtario priista no desistirá en su intención de imponer esta ley.

Borge Angulo, dijeron a SinEmbargo representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) de la entidad, quiere reforzar su “fascismo caribeño”, con esta ley, bajo el pretexto del daño a terceros. Sin embargo, añadieron, “es sólo una justificación “para sorrajarnos los toletes en la cabeza”. MÁS INFORMACIÓN AQUÍ.

“BORIS” PROPONE PRISIÓN

Mientras crece el rechazo a la decisión de los legisladores priistas de Quintana Roo, en San Luis Potosí el legislador panista que se autonombra “Boris” dijo que con su propuesta de ley no se pretende violentar el derecho que tienen todas las personas a manifestarse. Sin embargo, destacó, se tiene que garantizar el derecho de terceros, ya que sufren afectaciones sobre todo al no poder transitar libremente cuando hay cierre de vialidades.

El panista dijo que dentro de su propuesta también se tomó en cuenta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y se hace algunas consideraciones para los manifestantes, como el no ejercer violencia, no cometer daños en las cosas, no discriminar con pretexto de la libre expresión por razones de ninguna índole, no cometer ultraje a las instituciones públicas y también no manifestarse con el rostro cubierto a fin de prevenir la comisión de actos vandálicos o delictivos.

La iniciativa también recomienda que no se lleven a menores de edad que no comprendan el alcance de los eventos en los que se encuentran, pues al estar ahí no asisten a la escuela o incluso se colocan en una situación de riesgo.

También contempla multas económicas y prisión de hasta 72 horas a quienes afecten a terceras personas durante una manifestación o en su caso dañen propiedad privada o edificios públicos.

Un artículo más indica que durante las marchas o plantones no se pronuncie un “lenguaje insultante” a las autoridades de gobierno.

REACCIONES DE QROO

Activistas, ONGs y expertos opinaron que la ley aprobada por una mayoría del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecológico de México (PVEM) pretende restringir y controlar las manifestaciones en el estado gobernado por Roberto Borge Angulo y alertaron que la decisión puede ser la plataforma para repetir el modelo a nivel nacional.

“La nueva Ley de Ordenamiento Social forma parte de una estrategia de Estado para acallar el disenso, la manifestación pública  y cualquier crítica contra actos de corrupción, impunidad, opacidad y violencia perpetrados por el gobierno de Borge Angulo”, afirmó la activista Lydia Cacho.

Por su parte, Héctor Cerezo, integrante del Comité Cerezo, mencionó que “la aprobación en Quintana Roo de la ley que limita las marchas, es una tendencia nacional para criminalizar los derechos humanos de manifestación y de asociación”.

El Gobernador Roberto Borge Angulo ha sido acusado tanto por periodistas como por partidos de oposición de impulsar métodos ilegales para controlar a los ciudadanos de la entidad que gobierna bajo las siglas del PRI.

Durante la pasada elección, por ejemplo, tanto Acción Nacional (PAN) como el de la Revolución Democrática (PRD) acusaron a Borge Angulo de promover actos de violencia, incluso atentados incendiarios, en contra de los candidatos opositores y sus equipos de campaña.

En 2013 y lo que va de 2014, el Gobernador ha sido señalado por periodistas nacionales y locales de tratar de intimidarlos por distintas, muchas de ellas ilegales. Se le acusa de utilizar hackers y de tener un equipo que maneja bots en las redes sociales para tratar de desprestigiar medios y comunicadores.